Iñaki Arto es investigador del Basque Centre for Climate Change (BC3).
En este artículo voy a exponer algunos ejemplos de desincentivos e incentivos económicos para favorecer la transición hacia una economía sostenible y baja en carbono. Algunos se están implementando en actualidad y otros se están debatiendo y creo que sería interesante valorar la posibilidad de introducirlos.
En lo que respecta a los desincentivos, destacan los impuestos ambientales como principal instrumento para la internalización de los costes ambientales. Las emisiones de gases de efecto invernadero están modificando el clima lo cual genera eventos climáticos como inducciones, olas de calor o sequías que, a su vez, provocan pérdidas económicas. Los impuestos a la energía o a las emisiones tratan de reducir e internalizar estos costes ambientales.
En el caso de España, es necesario incrementar la fiscalidad ambiental. Así lo han recomendado diferentes organismos internacionales, y así lo establecen las políticas europeas y también las recomendaciones del comité de expertos para la reforma fiscal en el Libro Blanco para la Reforma Tributaria. En especial, hay que incrementar la fiscalidad ambiental en lo relativo a los combustibles fósiles. Sin embargo, esto no es fácil, pues existen barreras políticas y sociales. En general, los políticos suelen tener reticencias a aumentar los impuestos ambientales por temor a perder votos. Además, en ausencia de medidas compensatorias, estos impuestos pueden generar inestabilidad social pues afectan negativamente a determinados grupos sociales.
Existe consenso en que, para favorecer una reforma de la fiscalidad ambiental, es necesario que ésta se enmarque dentro de una reforma fiscal general. De forma que, a través de otros impuestos que no son ambientales, se pueda favorecer la introducción de compensaciones a las personas que se van a ver afectadas por este tipo de políticas, en especial de los colectivos más vulnerables. Se trataría por tanto de introducir una reforma fiscal general que sea ambientalmente sostenible y socialmente justa.
Impuestos y subvenciones
La nueva Directiva fiscal de la Unión Europea establece una serie mínimos a los impuestos sobre la energía, pero hay margen de incrementarla con mayor ambición, especialmente en el caso de España, que tenemos una baja presión fiscal ambiental. Siempre teniendo en cuenta las competencias que tienen los diferentes ámbitos institucionales, desde los ayuntamientos, comunidades autónomas a nivel estatal y también a nivel de Europa.
En el caso de España, tenemos la capacidad de afectar a prácticamente la totalidad de impuestos, excepto a los aranceles, pues éstos son fijados por la Unión Europea para el conjunto de los Estados miembros. Ahora, por ejemplo, se está debatiendo en el seno de la Unión Europea la posibilidad de introducir mecanismos de ajuste de frontera para gravar las emisiones contenidas en las importaciones de determinados productos.
Otro de los aspectos clave en términos de desincentivos es eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles, algo que ya está establecido en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El objetivo de la Unión Europea es eliminarlos en 2025.
Un aspecto relevante en lo relativo a la imposición ambiental es el uso de la recaudación. Por ejemplo, la recaudación que tengamos con estos impuestos ambientales puede servir para costear ayudas e incentivos. También, para facilitar la transición de colectivos más vulnerables, de aquellos que se van a ver afectados por esos incrementos en los impuestos ambientales. Así mismo el aumento en la recaudación por impuestos ambientales puede servir para compensar la reducción en la recaudación de otros impuestos (por ejemplo, al trabajo) dentro de una reforma fiscal general.
¿Qué otro tipo de desincentivos existen, más allá de los puramente impositivos? Por un lado, están las sanciones, ya sea a empresas o particulares, por incumplir la normativa ambiental. Estas acciones deberían ser progresivas, es decir, en función de la facturación en el caso de las empresas o en función de la renta en el caso de las particulares, como sucede en muchos países nórdicos.
Por otro lado, la regulación es otro desincentivo. Un ejemplo de regulación que puede servir para desincentivar o para incentivar ciertos hábitos de consumo en el terreno de la movilidad son las zonas de bajas emisiones en las ciudades. Esta medida, que aparece en la Ley de Cambio Climático, puede servir para desincentivar el uso de los vehículos, en especial de aquellos que son más contaminantes.
Incentivos
En el caso de los incentivos económicos estarían, por un lado, las subvenciones, los subsidios y las ayudas para recompensar las prácticas más sostenibles. Aquí hay un gran abanico de incentivos. Por ejemplo, en el caso del transporte, el propio Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluye importantes partidas para fomentar hábitos o prácticas más sostenibles. Así, están las ayudas a municipios para movilidad sostenible, que incluyen un total de 1.500 millones para la promoción de carriles bici, transporte público, alquiler de bicicletas o parkings disuasorios.
Por otro lado, están los planes MOVES. El plan MOVES III establece 400 millones para la compra de vehículos eléctricos e infraestructuras de recarga en flotas, que incluye 50 millones de euros para electrificar flotas. Y recoge 100 millones de euros para financiar proyectos innovadores de movilidad eléctrica.
Más allá de todo esto, hay otras actuaciones que se podrían implementar a otros niveles, por ejemplo, a nivel local y regional. Una de ellas es el reembolso del gasto en transporte público a trabajadores y estudiantes, o los descuentos por uso frecuente y familiar en trenes regionales y de cercanía.
También hay un amplio abanico de incentivos para reducir la generación de residuos y mejorar su gestión. Por ejemplo, existe la posibilidad de recompensar a la ciudadanía por una buena gestión a través de, por ejemplo, la aplicación de bonificaciones en las tasas de residuos. Esto ya existe en algunos municipios de España, aunque lamentablemente no está muy extendido. Otro de los instrumentos que se podrían implementar son los sistemas de depósitos de envases. Básicamente, se carga una pequeña cantidad al consumidor cuando adquiere un producto que tiene un envase y luego se le devuelve esa cantidad cuando retorna el envase. Este instrumento está incorporado en la Ley de Residuos, pero su activación dependerá de si se cumplen o no los objetivos de la ley para el 2023-2027.
También sería interesante como incentivo aplicar la fiscalidad para favorecer la economía circular, reduciendo el consumo de recursos y la generación de residuos. Para ello se pueden introducir, por ejemplo, tipos impositivos reducidos o incluso exenciones a recursos reciclados o reutilizados, a la reparación, al uso compartido, etc. En materia de economía circular, señalar también que uno de los proyectos estratégicos del Plan de Recuperación y Transformación Económica orientado a la economía circular incluye 500 millones de euros para fomentar proyectos que reduzcan el consumo de materias primas, el ecodiseño, la reutilización, reciclaje y la gestión de residuos.
Por otro lado, existen subsidios orientados a impulsar la eficiencia energética, las energías renovables y la electrificación. El Plan de Recuperación incluye grandes partidas para rehabilitación, fomento del autoconsumo, etc., y establece estándares para que las nuevas construcciones tengan que tener unos elevados niveles de eficiencia. En la actualidad, en España, casi el 84 % de los edificios tienen una eficiencia energética muy baja, por lo cual sería interesante establecer en el futuro la obligación de rehabilitar estos edificios, que debiera de estar acompañada por un sistema de ayudas.
También sería importante reducir los impuestos de electricidad y aumentar la electrificación como medio para la reducción de emisiones. Y luego hay otro tipo de incentivos como condicionar ayudas de los Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE) a la adopción de prácticas sostenibles, la compra pública verde, etcétera.
Conclusiones
Para terminar, quería compartir una serie de conclusiones. En primer lugar, insistir en que es necesaria una reforma fiscal ambiental que incluya incentivos y desincentivos para contribuir a favorecer la economía sostenible y baja en carbono. La Unión Europea está definiendo en la actualidad el marco fiscalidad ambiental en el que nos tenemos que mover, estableciendo una serie de mínimos, pero hay margen para ser más ambiciosos. España, uno de los países europeos más vulnerables al cambio climático, debería liderar la lucha contra el cambio climático en todos los frentes, incluyendo el de la fiscalidad ambiental.
Los cambios deben ir acompañados por una reforma fiscal que sea integral, es decir, la reforma fiscal ambiental sería una parte de una reforma fiscal general que pueda sufragar las medidas y compensar a las personas vulnerables.
En este artículo he mostrado algunos ejemplos de incentivos y desincentivos económicos para favorecer la transición, pero hay muchos más. Algunos están en marcha, otros necesitan ser impulsados. Y aquí me gustaría señalar que creo firmemente que la Asamblea Ciudadana para el Clima puede servir como una palanca para acelerar y favorecer la implantación de estos instrumentos.
Por último, me gustaría señalar que la aceptabilidad social y política es clave y que es necesario lograr un amplio consenso a todos los niveles si se quiere sacar adelante este tipo de medidas. Para ello, quizás sería necesario realizar un pacto de Estado para el clima que incluya los aspectos de fiscalidad ambiental.