Arantxa Mendiharat es licenciada en Ciencias Políticas del Instituto de Estudios Políticos de Burdeos y se dedica al co-diseño e implementación de procesos deliberativos en el marco de Deliberativa. Es co-autora junto a Ernesto Ganuza del libro La democracia es posible. Sorteo cívico y deliberación para rescatar el poder de la ciudadanía (2020, Ed. Consonni).
De un tiempo a esta parte están surgiendo numerosas asambleas ciudadanas, especialmente en Europa. ¿A qué atribuyes este fenómeno?
Las asambleas ciudadanas sirven para generar acuerdos, desde la ciudadanía, sobre cuestiones complejas, basadas en valores y de largo plazo. Las preguntas que se generan desde la urgencia climática son de este calado, y ahora mismo no existen, a nuestro entender, otros mecanismos tan robustos que permitan aportar respuestas consensuadas desde la ciudadanía. De allí el éxito de las asambleas climáticas.
Eso dicho, son las más visibles pero no las únicas. Una gran variedad de temáticas se están abordando desde las asambleas ciudadanas, por ejemplo, la salud mental en la Comunidad Valenciana, en Barcelona o en Tolosa (Gipuzkoa), el final de vida ahora en Francia, o recientemente la expresión democrática (el uso de las redes sociales) en Canadá.
El método de las asambleas ciudadanas se ha ido perfeccionando con el tiempo, cada asamblea aprende de las anteriores. ¿Cuáles crees que han sido los principales aprendizajes o errores de diseño que se han ido resolviendo?
Creo que estamos en un momento, sobre todo en España, de aprendizaje institucional. Es decir, se está aprendiendo cómo diseñar y gestionar esas asambleas desde diferentes instituciones y agentes. Los procesos deliberativos suelen ser largos, complejos, y ponen en cuestión muchas maneras de hacer. Los aspectos que cuestan más son los relacionados con la gobernanza del proceso, la amplitud y el enfoque se la pregunta que se realiza, la descriptividad del mini-público, el acceso a una información diversa, o la devolución por parte de la institución. Tenemos que seguir trabajando para conseguir asambleas que se ajusten a los estándares internacionales, o incluso que los mejoren.
En cuanto a la accesibilidad, ¿basta con que haya una pequeña remuneración económica para que todo el mundo pueda participar en igualdad de condiciones?
La remuneración ayuda, y es imprescindible sobre todo para los segmentos de la población con menos recursos, pero otros incentivos son muy importantes. Por ejemplo la motivación (relacionada con la pregunta que se plantea, o con la confianza en que la institución tomará en cuenta los resultados de la asamblea), el acceso a cuidados (de niñes o personas mayores), una facilitación que tiene en cuenta los desequilibrios de género, o atender a las particularidades de los miembros de la asamblea.
La asamblea ciudadana española se ha hecho online debido a la pandemia, salvo la última sesión. ¿Qué pros y contras consideras que tienen las asambleas online?
A parte de la asamblea española, varios procesos deliberativos se han hecho online durante la pandemia, en Europa (la asamblea climática en Escocia o, parcialmente, los paneles ciudadanos de la Conferencia sobre el futuro de Europa en los cuales participaban 800 ciudadanos elegidos por sorteo en los 27 países de la Unión Europea), pero también más cerca, en Cantabria.
Las asambleas online son especialmente ventajosas en territorios grandes, donde costaría más desplazarse hasta un punto físico de encuentro; o en circunstancias excepcionales como las de la pandemia, obviamente. Hemos aprendido de esos procesos que es posible atender a la brecha digital, y que incluso personas que antes no tenían ni internet ni ordenador han sido capaces de conectarse y participar en el proceso. Los estudios parecen también mostrar que la calidad de la deliberación no baja cuando se hace online. Para nosotros han sido experiencias positivas, aunque obviamente el encuentro presencial favorece la construcción de grupo, y de relaciones que puedan seguir más allá de la asamblea.
Se ha discutido mucho sobre la privacidad y el anonimato de las asambleas, hasta qué punto las sesiones tienen que ser anónimas o abiertas. En la asamblea escocesa y en la española se decidió optar por el anonimato, ¿qué pros y contras tiene esta opción?
La privacidad y el anonimato de las personas que participan en asambleas ciudadanas están pensados para proteger los miembros de la asamblea de influencias externas desde grupos de interés vinculados con el tema que tratan, incluso de una posible corrupción. A la vez, es muy importante que la sociedad sepa cómo se están haciendo esas asambleas, y poder seguirlas cuando están pasando, con el testimonio de personas que participan en ellas. Toca buscar un equilibrio entre esos dos polos. In fine, sería bueno que los propios miembros de las asambleas definieran las reglas a seguir en cada caso.
Otro debate es hasta qué punto las propuestas deben ser recomendaciones o deben ser vinculantes, ¿cómo lo ves?
Actualmente la ley no permite que las asambleas ciudadanas elaboren y voten leyes o reglamentos. Puede haber un compromiso previo de las instituciones de cara a poner en marcha las recomendaciones de las asambleas, pero siempre estará sujeto a su voluntad. Nosotros abogamos por una transparencia de la institución a la hora de rendir cuentas, haciendo públicas sus respuestas escritas a cada una de las recomendaciones, incluyendo las que no están dispuestas a asumir, para que queden claras sus posiciones sobre las recomendaciones.
A medio plazo, estamos a favor de la institucionalización de las asambleas, que sus miembros fueran rotativos pero que fueran organismos permanentes, con un rol bien definido respecto al resto de instituciones, como ya está pasando en Ostbelgien (Bélgica). Uno de esos roles podría ser el de establecer la agenda de los temas a tratar. El sorteo cívico y la deliberación pueden ser instrumentos muy potentes para renovar el sistema político en profundidad.
Otra de las cuestiones a debate es cómo se eligen a los expertos que participan y asesoran a la asamblea. ¿Hasta qué punto es recomendable que sean los propios asambleístas los que escojan también las intervenciones?
Nosotros proponemos que sea un mix, con, por un lado, un comité de contenidos compuesto por grupos de interés y/o personas expertas en la materia para proponer contenidos a la asamblea, bajo la supervisión de un comité de seguimiento dónde están representados todos los partidos políticos para controlar la diversidad de la información. Y, por otro lado, dejar la posibilidad a la Asamblea de pedir información complementaria si ven que faltan aspectos o puntos de vista.
¿Cuál te parece que puede ser el papel de las asambleas ciudadanas en la elaboración de políticas públicas?
En nuestra opinión, tendría que ser cada vez más importante, sobre todo para todas las cuestiones que contienen dilemas y para temas que no se consiguen abordar desde el sistema político. En Irlanda, la cuestión del aborto llevaba bloqueada muchos años, los partidos políticos no se ponían de acuerdo sobre ello, y finalmente fue una asamblea ciudadana, seguida por un referéndum, quien la desbloqueó. Podemos pensar en muchos temas que están ahora mismo atascados o con falta de consenso tanto a nivel de Estado como a otros niveles de comunidades autónomas o de territorios más pequeños.
¿Has seguido el desarrollo de la Asamblea española? ¿Cómo valoras el proceso y los resultados?
Fui invitada a formar parte del Comité de personas expertas, desgraciadamente la carga de trabajo que tenía entonces me lo impidió. Creemos que fue muy interesante que se organizara la asamblea, y todo el conocimiento que se ha generado en este contexto es muy valioso. Ahora, necesitamos tener una reflexión colectiva sobre cómo se están organizando los procesos deliberativos en España, identificando los puntos débiles y los puntos fuertes en cada contexto. Tendríamos que seguir intercambiando entre los que nos dedicamos a diseñar y organizar procesos deliberativos para acordar principios de buenas prácticas y que las asambleas se ajusten cada vez más a los estándares internacionales.
Uno de los retos a futuro para todas las asambleas es que susciten también, en paralelo, verdaderos debates en el conjunto de la sociedad (como ocurrió con la Convención ciudadana por el Clima en Francia), y que esa misma sociedad acabe confiando en esos mecanismos para decidir qué temas se tienen que tratar y cómo se tienen que abordar desde las políticas públicas.