Comenzamos una serie de artículos sobre las asambleas climáticas en diferentes países de Europa, para conocer su funcionamiento, desarrollo y resultados.
En 2018, la subida del impuesto al diésel anunciada por el gobierno francés suscitó una gran oposición. Las protestas, protagonizadas por los “chalecos amarillos”, trabajadores de las periferias urbanas, obligaron al gobierno a retirar la medida. La demanda ciudadana de buscar una respuesta al cambio climático justa y democrática motivó la creación de la Convención Ciudadana por el Clima en 2019. Su objetivo era claro: responder a la pregunta de cómo lograr la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero un 40% en 2030 (respecto a los niveles de 1990) “con un espíritu de justicia social”. El Presidente de la República se comprometió a que las propuestas elaboradas por la Convención fueran sometidas “sin filtro” a referéndum, voto en el Parlamento o aprobación parlamentaria directa.
Composición
Las personas participantes se escogieron a través de un sorteo cívico a partir de una muestra estratificada, dando lugar a un grupo de 150 personas representativas de la diversidad de la sociedad francesa. El Gobierno destinó un presupuesto de 5,4 millones de euros a la iniciativa, destinado a cubrir, entre otros, la logística de la asamblea, la moderación de los debates y los gastos de desplazamiento, remuneración y alojamiento de la ciudadanía.
Funcionamiento
Las y los asambleístas se organizaron en cinco grupos temáticos: consumir, producir y trabajar, alojarse, desplazarse y alimentarse. La Convención contó con especialistas y personas expertas que acudían tanto a propuesta de la organización de la asamblea, como a petición de los participantes. Los debates contaron no solo con científicos especializados en cambio climático y medio ambiente, sino también con personas expertas de todo tipo de sectores y ámbitos de la sociedad (sindicatos, organizaciones ecologistas, economistas, representantes de empresas…). Además, las y los participantes solicitaron contar con un equipo de fact-checkers, personas dedicadas a comprobar que los datos que les facilitaban fuesen correctos.
Los plenarios y sesiones de la Convención fueron retransmitidos en directo a través de su web, y los debates se publicaron tras finalizar cada encuentro en la página, junto con toda la información que se iba generando.
Resultados
El proceso deliberativo comenzó en 2019 y tuvo lugar a lo largo de siete sesiones de tres días cada una. Terminó en junio de 2020, más tarde de lo previsto debido a la pandemia. Tras las sesiones de debate se votaron las propuestas y se elaboró un informe final con 149 recomendaciones, que se aprobaron con un 95% de votos a favor. Entre las medidas propuestas se encontraba, por ejemplo, una reforma de la Constitución para que incluyese el compromiso del Estado en la lucha contra el cambio climático.
Aunque el compromiso inicial era que las propuestas de la Convención se aplicaran, en la práctica el proceso está llevando más tiempo del previsto y al menos siete de las propuestas han sido descartadas. Tras el final del proceso, las y los ciudadanos participantes en la asamblea decidieron continuar su labor y se organizaron de manera independiente, creando una asociación llamada “Les 150” para dar seguimiento a sus propuestas y sensibilizar a la población sobre el cambio climático.