Joaquín Nieto, ex director de la OIT y promotor de la incorporación de la dimensión social y laboral y de la transición justa en la agenda climática y ecológica.
El cambio climático tiene y tendrá enormes impactos negativos sobre la salud, los ecosistemas, la economía y el empleo… sobre todo si la temperatura global sube por encima de 2°C, lo que provocaría un cambio climático catastrófico. Habrá que hacer algo para evitarlo. No hay más solución que transitar rápidamente a una economía baja en carbono. Eso implica una transformación enorme en nuestro sistema económico y en nuestras maneras de producir, trabajar y consumir.
Las personas más vulnerables sufren más la crisis climática, pero también los costes de la transición. Por ello necesitamos una transición justa.
Una transición justa consiste en actuar en los procesos de transformación necesarios para hacer frente al cambio climático, promoviendo a la vez nuevas oportunidades de empleo y bienestar y protección a las personas afectadas en su empleo y en sus ingresos por los efectos adversos del cambio, acompañándolas en el proceso. De manera que, si se quedan sin empleo, no se queden sin ingresos, reciban formación y puedan ser pronto recolocadas en un trabajo decente.
Por ejemplo, la transición energética necesaria para hacer frente al cambio climático significará la desaparición de los sectores más contaminantes y la aparición de otros emergentes. Desaparecerán el carbón, el gas y el petróleo y aparecerán otros sectores como el de las energías renovables, la eficiencia y el ahorro que, además de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, crean empleo. Mucho empleo. Los efectos positivos del cambio van a ser mucho mayores que los efectos adversos, tanto en términos de empleo como en términos de bienestar social, pero sólo si se hace una intervención programada con criterios de transición justa.
Los empleos que se generen, por ejemplo, con las energías renovables, aunque van a ser más que los que se destruyan, no siempre se crean en el mismo momento ni en el mismo lugar que los que se pueden destruir con el abandono de las energías convencionales. Tradicionalmente, los cierres de las minas por motivos económicos no han ido acompañados de inversiones en otras actividades alternativas en las cuencas mineras. Sólo ahora, cuando el cierre se realiza por motivos de responsabilidad climática, las cosas están cambiando. Los países con petróleo y gas tendrán que ir abandonándolos hacia nuevas fuentes de empleo y prosperidad, pero por ahora sólo Noruega tiene un plan de transición justa para invertir los beneficios en nuevas fuentes energéticas alternativas para ir a una economía descarbonizada.
En todos los sectores, sea la construcción, el sector alimentario o la industria del transporte, es urgente una transición, que tendrá que ser justa. Por ejemplo, en el sector del transporte, para reducir las emisiones europeas de CO2 a los niveles ya comprometidos –el 55% para 2030– será necesario organizar una menor y diferente movilidad para mercancías y personas, y los vehículos tendrán que dejar de ser los coches convencionales, porque producen grandes emisiones de CO2, para devenir eléctricos, que pueden marchar con electricidad de fuentes renovables. Para no perder el empleo, las plantas actuales de fabricación de automóviles tendrán que transformarse y construir vehículos eléctricos, que no serán iguales, ni requerirán la misma carga de trabajo, ni las mismas profesiones. Una transición justa deberá analizar todos los efectos de esa transformación sobre el empleo para modernizar el sector, maximizar las oportunidades y mitigar los efectos adversos. Eso es la transición justa.
Declaraciones y tratados internacionales
La primera vez que la comunidad internacional adopta el concepto de transición justa, a propuesta sindical, es en 2012 con la Declaración de las Naciones Unidas “El futuro que queremos”. En esta declaración, adoptada por los jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, se menciona la importancia de la transición justa incluyendo programas para ayudar a los trabajadores a adaptarse a las condiciones cambiantes.
En 2015, el Acuerdo de París, también a propuesta sindical, incorpora la transición justa como la reconversión justa de la fuerza de trabajo y la creación de trabajo decente con empleos de calidad.
Ese mismo año, la Organización Internacional del Trabajo, como agencia especializada de Naciones Unidas, adopta de manera tripartita –es decir, por acuerdo de los gobiernos, sindicatos y organizaciones empresariales de todo el mundo– las ‘Directrices políticas para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos‘. Estas directrices son hoy la referencia mundial en la materia.
Recientemente, el pacto climático acordado en la cumbre de Glasgow (COP26) llama a las partes acelerar la transición energética, incluido el cierre de las centrales térmicas de carbón y el fin de los subsidios a los combustibles fósiles, remarcando la importancia de asegurar transiciones justas que apoyen a los más pobres y vulnerables y que promuevan el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y la creación de empleos decentes y de calidad.
La transición justa en España
En España, la transición justa está incluida en la Ley Española de Cambio Climático, que no es una ley del Gobierno, sino un mandato del Parlamento español que determina las políticas climáticas para el Gobierno y las instituciones. La constitución de la Asamblea Ciudadana para el Clima también emana de esta Ley.
La Ley de Cambio Climático contiene directrices para que todas las instituciones públicas apliquen un enfoque de transición justa en sus políticas de transición energética y ecológica, es decir, que se ocupen de los efectos que pueden tener los cambios productos y protejan los empleos y a las personas afectadas.
España dispone también de una Estrategia de transición justa. Incluso dispone de instituciones específicas creadas al efecto, como el Instituto para la Transición Justa, un organismo que trabaja con instituciones públicas como las comunidades autónomas y los ayuntamientos, pero también con los agentes económicos y sociales y demás entidades en los territorios afectados por los cierres de las minas y de las térmicas de carbón. Este Instituto contribuyó a facilitar las negociaciones que en 2019 culminaron en el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el Desarrollo Sostenible de las Cuencas Mineras entre el Gobierno, los sindicatos y las empresas mineras. Es la primera vez que un cierre minero se acuerda con diálogo, inversiones y medidas sociales de acompañamiento.
Además, se ha creado un instrumento innovador para abordar con diálogo, inversiones y medidas sociales todos los cierres de actividad en el marco de la transición energética: los Convenios de Transición Justa. Por ahora son 14 los convenios en marcha, uno por cada una de las zonas afectadas (como se puede ver en el mapa) en los que están participado 550 entidades dinamizando 1.500 proyectos públicos y privados generadores de empleo y actividad económica sostenible.
Estas experiencias de transición justa indican el camino a seguir para todos los demás sectores, que más pronto que tarde se van a ver involucrados en el inmenso proceso de transformación que lleva consigo hacer frente a la emergencia climática de manera responsable y en convivencia, que es el mayor desafío nuestro tiempo.