Valvanera Ulargui, Directora de la Oficina Española de Cambio Climático.
El marco normativo español de lucha contra el cambio climático se alinea con las prioridades y la ambición del marco internacional, el Acuerdo de Paris y del marco europeo, el Pacto verde.
España necesitaba actualizar sus prioridades invirtiendo en un proyecto de país y sociedad inclusiva, viable económicamente, con futuro para el presente y para las nuevas generaciones y con posibilidad de aprovechar el conjunto de oportunidades que la transformación de una economía compatible con la seguridad climática ofrece.
En el diseño del marco español se ha priorizado el establecimiento de objetivos claros globales y sectoriales y la adopción de herramientas para anticipar, planificar y prepararnos ante los efectos del cambio climático. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación a los impactos presentes y futuros son los principales objetivos, pero también lo es maximizar las oportunidades derivadas de la transición ecológica, oportunidades de empleo, de crecimiento, de evitar costes y también de salud, oportunidades, en definitiva, de progreso.
El Pacto Verde Europeo aprobado en diciembre de 2019 para impulsar el desarrollo verde y digital es el pacto de desarrollo que la Unión Europea necesita para alcanzar una reducción de emisiones de un 55 % para 2030 y la neutralidad en carbono para el 2050. Estos objetivos solo se alcanzarán con cooperación entre todos los sectores, entre todas las instituciones y entro todos los ciudadanos. Transformar nuestro sistema energético, cuidar nuestros entornos naturales, hacer un transporte más sostenible, renovar nuestros edificios para reducir la pobreza energética y para prepararnos mejor frente a los impactos de calor del cambio climático son algunas de las premisas que se recogen en el pacto de la Unión Europea.
Y también el marco español de lucha contra el cambio climático lo contempla. Prioriza una agenda ambiental y social.
¿Dónde está España en la lucha contra el cambio climático?
En 2005 España alcanzó el pico de emisiones de CO2. Desde entonces, se ha ido consolidando una reducción global y el objetivo es conseguir que esta reducción se de en todos los sectores de la economía de manera continuada.
España tiene un marco ambicioso basado fundamentalmente en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la primera ley en este ámbito del país. Se trata de una ley muy particular pues tiene el objetivo de transformar el modo de vida de toda una sociedad. Una ley que además busca ayudar a organizar todas las acciones, tanto las del gobierno como las del sector privado, el sector inversor y las del resto de la ciudadanía en aras de un objetivo común, una transición ecológica justa.
Para ello, el establecimiento de objetivos claros de reducción de emisiones para el año 2030 y de neutralidad climática antes del año 2050, es fundamental. Tener un marco legislativo con objetivos concretos es mucho más valioso que mil promesas, y tiene un mayor impacto en la necesaria transformación de los ADN de todas nuestras estructuras, nuestras organizaciones, neutros negocios y nuestras vidas cotidianas.
Con esta Ley, la Administración tiene que cambiar la forma de redactar normas, de presupuestar e invertir, de contratar públicamente. Además, es una ley concebida para facilitar una distribución equitativa de la riqueza en el proceso de descarbonización, con justicia social y con transición justa, anticipando riesgos y costes, buscando una nueva reindustrialización, pero también siendo capaces de acompañar a aquellos sectores que van a encontrar mayor dificultad para hacer el cambio, un cambio que tiene que ser enorme en los próximos años.
La Ley de Cambio climático y Transición energética también busca evitar riesgos financieros al país invitando a que las empresas y las instituciones financieras incluyan el riesgo del cambio climático y ayuden a la descarbonización de la economía.
El primer objetivo es ambicioso y coherente con la neutralidad climática y los objetivos de la Unión Europea. Debemos sacar una de cada tres toneladas de CO2 de nuestro sistema para el año 2030, lo que supone reducir las emisiones un 50 % para el año 2030 respecto al año 2005. Para ello, la generación de energía eléctrica debe reducirse en un 70 %, el transporte en un 34 %, y el sector residencial, comercial y de servicios en un 35 %. Necesitamos, para tener un país seguro y próspero, un sistema eléctrico 100 % renovable y una descarbonización de casi toda la economía para el año 2050.
Estos objetivos serán revisables al alza. La primera revisión será en el año 2023 siempre teniendo en cuenta el impacto social y económico. Ya hay noticias positivas. Y el impacto de la ley nos trae datos prometedores, inversiones de 240 mil millones, la generación de más de 300.000 nuevos puestos de trabajo en todos los nichos verdes, reducción de la dependencia energética del exterior, aumento del PIB en 1,8% en 2030 etc…
Debemos realizar una transformación sistémica para conseguir fomentar la eficiencia en el uso de los recursos, el impulso de las energías renovables, la movilidad limpia, una educación concienciada y la conservación de nuestros ecosistemas. Una trasformación que nos permita vivir en ciudades y municipios más habitables, seguros y saludables; que reconozca el valor del desarrollo rural y que proteja la biodiversidad, nuestro capital natural. Y para ello, necesitamos ser coherentes y una gran coordinación a todos los niveles de la administración y con el resto de la sociedad. Tenemos una Ley que ha sido muy participada, que se basa en la ciencia, y que actúa de manera transversal y estas son sus mejores premisas.
Debemos reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, pero también conseguir ser más resilientes frente al cambio climático, con una economía más segura, con mayor y mejor empleo y una sociedad más justa. Estamos frente a un enorme reto político, pero también frente a un reto científico y, sobre todo, social.
La participación del conjunto de una sociedad bien informada es esencial para el cambio de modelo de producción y consumo que debemos realizar desde una óptica positiva. Si lo conseguimos, tendremos éxito en la consecución de los objetivos y tendremos la suficiente capacidad de hacerlo en la urgencia que nos pide la ciencia y en el tiempo que tenemos por delante.